Legisladores usan dinero público para el clientelismo local

El manejo de los Fondos de Asistencia Social convierte a diputados y senadores en el principal motor del clientelismo político en sus respectivas circunscripciones.Las funciones de los legisladores se dividen entre su labor de hacer leyes y la de resolver problemas de las comunidades a las que representan, principalmente en el interior. La imagen de diputados y senadores entregando canastas, útiles escolares, equipos deportivos, comida y medicamentos a la gente más pobre es recurrente. Pero no tiene relación alguna con las funciones que deben desempeñar.

Cuando los senadores cobran y usan los RD$19 millones del “barrilito” y los diputados los RD$9 millones del “cofrecito” (Fondo de Asistencia Social), entran en conflicto con la Constitución, cuyo artículo 93 define que el Poder Legislativo “legisla y fiscaliza en representación del pueblo”.

Esa doble función “es un invento del clientelismo crónico que vive este país”, explica Luis Gómez, director del Centro de Estudios Constitucionales de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), maestro de varias generaciones de especialistas del Derecho.

“Se busca la manera de que cada legislador pueda comportarse como un autócrata, a la usanza del trujillismo y del balaguerismo. El autócrata pretende tener un poder ilimitado frente a sus seguidores, que han perdido la noción de soberanía”, agrega el profesor.

El clientelismo alimentado por diputados y senadores, según Gómez, es una de las “características abyectas que observa buena parte de las instituciones de nuestra democracia representativa”. Al comprar públicamente los votos de la población con dádivas o con dinero en efectivo, el legislador deja de ser un representante o mandatario, para asumir la posición de mandante o dictador de las órdenes, agrega el profesor universitario.

Otro efecto perverso de esos fondos es el de dificultar la elección de nuevos legisladores, ya que los candidatos no disponen de los mismos recursos que los actuales ocupantes del escaño para “regalar” a sus posibles votantes. Los fondos de asistencia del Congreso también generan dualidad de funciones en el Estado. La Presidencia de la República tiene un Gabinete de Coordinación de Políticas Sociales. Este organismo, responsabilidad del vicepresidente Rafael Alburquerque, tiene una estructura de nueve ministerios y 22 instituciones especializadas. Para este año, su presupuesto alcanza los RD$13,947.2 millones, equivalente al 37.8% de los RD$36,820.3 millones correspondientes al Ministerio de la Presidencia. En definitiva, se asignan para manejo de los legisladores fondos multimillonarios al asistencialismo, cuando nueve ministerios utilizan casi RD$14,000 millones con el mismo fin.

El presidente del Senado, Reinaldo Pared Pérez, dijo recientemente que aunque se llame clientelismo, el uso del Fondo de Asistencia Social podría enmarcarse entre los gastos propios de la representación del pueblo, que sí es una función legislativa contemplada en la Carta Magna. 

Enraizado

Pared Pérez recordó que, antes de su gestión, el “barrilito” se manejaba con poca transparencia. Ahora, cada senador sólo tiene que justificar por escrito los gastos del mes anterior para que la Presidencia de la Cámara permita el desembolso de más recursos en su cuenta bancaria.

“Lamentablemente, y lo digo con toda sinceridad, el clientelismo se ha enraizado en la sociedad dominicana. Para erradicarlo tendrán que pasar varias generaciones, porque donde quiera que uno se mueve no dejan a uno tranquilo. Lamentablemente, el que no da se fuñó”, declaró Reinaldo Pared Pérez sin reparos y con una sonrisa.

Los informes del Movimiento Cívico  Participación Ciudadana explican  que senadores y diputados, a pesar de ser los servidores públicos con mejores salarios y sistema de incentivos (un total de RD$5 millones por año), no utilizan dinero de sus ingresos para alimentar a sus propias clientelas políticas. Usan los RD$50,000 del fondo de asistencia social para regalar tanques de agua, medicinas, equipos deportivos y otros recursos a las personas vinculadas con sus partidos. Otro tanto ocurre con los senadores en sus circunscripciones.

Publicado por Jhonatan Liriano, el 1 de noviembre del 2011, en el periódico El Caribe, Santo Domingo, República Dominicana. 

Congreso legisló para el Ejecutivo

Con 31 de los 32 senadores, y 96 de los 183 diputados, este año el Partido de la Liberación Dominicana (PLD) no disimuló ni un ápice la contundencia de su poder en el Congreso de la República.

 Pese a que el período legislativo tenía como prioridad la adaptación de un conjunto de leyes orgánicas a los mandatos de la Constitución proclamada el 26 de enero del 2010, se destacó por la aprobación acelerada y con poco cuestionamiento de numerosos proyectos de financiamiento del Poder Ejecutivo; por ignorar el reclamo de asignación del 4% del producto interno bruto (PIB) al sector educación; y por endurecer las penas que sancionan la delincuencia común, el crimen organizado y la violencia intrafamiliar.

 Ya para el primer semestre, con el apoyo de algunos diputados del PRD y del PRSC, el Congreso había aprobado 54,118 millones de pesos en préstamos dirigidos al financiamiento de programas de innovación tecnológica del sector agropecuario, construcción de peajes, saneamiento de acueductos, y otras obras de infraestructura. El monto representaba el 55.6% del tope de financiamiento establecido en la Ley de Presupuesto General del Estado 2011 (RD$97,259.0 millones).

 Y dos meses después se sumaría a la prima de los US$500 millones en bonos soberanos que el Gobierno mandó a colocar en los mercados internacionales, en el marco de un presupuesto suplementario de RD$4,700 millones.

 En octubre, el PRD había advertido los peligros de la carrera de endeudamiento apoyada por la fuerza legislativa morada. Pero no fue hasta principios de noviembre que decidió calificarla como un atropello ilegal.

 El vocero de los diputados perredeístas, Ruddy González, explicó que la Cámara de Diputados violó el tope de deuda del Presupuesto 2011 con la aprobación de un préstamo de US$230 millones, cedidos por la Agencia Francesa de Desarrollo para la reestructuración del sistema institucional del transporte y la terminación de la segunda línea del Metro de Santo Domingo, al que le tocaría una asignación de RD$8 mil millones.

 “Hay que detener esta carrera alocada de préstamos que está hipotecando las finanzas públicas de los próximos años. Debemos mirarnos en el espejo de Grecia y otras naciones para que no nos suceda lo mismo”.




Presupuesto 

Como resultado del activismo permanente de las organizaciones que conforman la Coalición por una Educación Digna, el Presupuesto del 2012 formó parte del debate público desde principios de año.

 El reclamo de una asignación presupuestaria equivalente al 4% del PIB para el sector educativo se expresó en forma de vigilias, conciertos, marchas multitudinarias, cartas, intervenciones en los medios de comunicación y redes sociales. Pero los legisladores oficialistas, conscientes de las numerosas actividades reivindicativas desarrolladas por los activistas de bandera amarilla, no acogieron la petición.

En dos lecturas consecutivas, sin dar espacio a ningún tipo de debate, 23 de 25 senadores presentes, aprobaron la Ley de Presupuesto del próximo año, sin acoger el 4% de los “amarillos”, ni el 5% que demandaba la UASD. Entre noviembre y lo que va de diciembre, las cámaras se han concentrado en fortalecer los mecanismos legales que previenen y sancionan la delincuencia y los actos de violencia intrafamiliar.

 Adaptación de leyes orgánicas Para continuar con el proceso de adecuación del marco legal de la República a la Constitución proclamada el 26 de enero del 2010, el Congreso continuó la sanción de las leyes orgánicas del Tribunal Constitucional, del Poder Judicial, del Consejo Superior del Ministerio Público, del Consejo Nacional de la Magistraturay del Tribunal Superior Electoral, entre otros.

 Las leyes del Tribunal Constitucional y del Consejo de la Magistratura crearon intensos debates de opinión pública. La primera, por fijar en 75 años la edad límite para ser miembro de la alta corte, fue calificada de inconstitucional por un grupo de juristas. Para la aprobación de la Ley del CNM, el mismo presidente Leonel Fernández tuvo que firmar un pacto con el presidente del PRD, Miguel Vargas Maldonado, pues el partido morado no cuenta con la cantidad de diputados (dos terceras partes) necesaria para aprobar una ley de tipo orgánico.


 Solicitan promulgación de la END

 Un solo proyecto de ley, atendido por una comisión bicameral, ha estado bajo seguimiento de la opinión pública nacional y representantes de organismos financieros internacionales desde que llegó al Congreso de la República, el pasado 4 de marzo.

 La ley de Estrategia Nacional de Desarrollo (END) fue puesta como condición de futuros desembolsos financieros del Banco Mundial. El titular del organismo, Roby Senderowitsch, advirtió a los legisladores que, si el conocimiento del proyecto se mantiene estancado, el país podría dejar de recibir cerca de US$650 millones de cooperación financiera.

El plan proyectado hacia el 2030 ya fue sometido a vistas públicas. El Senado lo conoció ayer en la tarde. El senador Félix Bautista, representante de San Juan por el PLD, preside la comisión que estudia la pieza.

Publicado por Jhonatan Liriano, en El Caribe, el 07 de diciembre del 2012.

Petróleo dominicano

Petróleo de RD sigue en tierra

Las emanaciones de crudo aumentan en diferentes puntos del país, pero la falta de capital limita la exploración

Pozo de Higüerito. 

Entre los cambronales y bayahondas de Higüerito, Azua, las emanaciones de petróleo parecen heridas de la tierra. Mientras la sociedad dominicana importa cerca de 50 millones de barriles al año, el líquido fósil hierve e impregna los montes sureños con su intenso olor. El fenómeno se repite a menos de diez kilómetros de distancia, en la zona rural de Maleno, y, de manera más silente, en las aguas de la Bahía de Ocoa, en las tierras de San Juan, en Barahona, en la cuenca del Cibao y bajo las corrientes del río Sanate, en Higüey. 

Emanación natural en las tierras de Azua.

“En los últimos cien años aquí se han perforado más de setenta pozos exploratorios. Algunos han producido petróleo y otros han mostrado indicios de la presencia de hidrocarburos”, resalta Víctor Santos Suriel, geólogo presidente de la empresa exploradora Geo-Research.

El especialista recuerda que en abril del 2009 un barco de la Armada Española, dirigido por científicos del Ministerio de Investigación e Innovación de España, encontró emanaciones de gas natural en aguas cercanas a San Pedro de Macorís, lo que indicaba que en ese punto marítimo también podría existir una gran concentración de “oro negro”.

Ante estas y otras evidencias, surge una pregunta inevitable: ¿por qué República Dominicana no comienza la explotación de su petróleo?

Santos Suriel, el director general de Minería, Octavio López, y el diputado Pelegrín Castillo, tienen algunas respuestas. El primero dice que las más importantes zonas de manaderos están cedidas bajo concesión a las empresas locales Murfin, Maleno y Once Once, las cuales no han hecho ningún tipo de exploración importante en los últimos siete años. Con rejuegos legales, asegura, mantienen los permisos pero no hacen nuevas inversiones.

Otras áreas de “alto potencial”, como terrenos rurales de las provincias del Este, no pueden ser exploradas porque no cuentan con los estudios geológicos básicos que sirven de atractivo a las multinacionales del sector. Santos Suriel cita a las multinacionales porque el trabajo de búsqueda y explotación petrolera conlleva altos costos operativos, altos riesgos de inversión, y un largo período de estudios y espera, tres variables que el capital local difícilmente puede sostener.

El levantamiento inicial de las emanaciones del río Sanate, por ejemplo, podría tener un valor de cuatro millones de dólares, mientras que la perforación adecuada se acercaría a los US$20 millones, teniendo en cuenta que el crudo se encuentra en uno de cada once pozos perforados, y que el hallazgo no garantiza la cantidad necesaria para la explotación comercial.

Las plataformas marinas correspondientes al territorio nacional no entrarían en los planes de exploración, pues el decreto 571-09 las declara como áreas protegidas.

Estructura estatal

El primer párrafo del artículo 17 de la Constitución “declara de alto interés público la exploración y explotación de hidrocarburos en el territorio nacional y en las áreas marítimas bajo jurisdicción nacional”. Por mandato de la Ley General de Electricidad, la Comisión Nacional de Energía tiene la responsabilidad de dar seguimiento a este interés. Para ello se coordina con la Dirección de Minería. Pero los organismos no cuentan con los recursos económicos y humanos que tan importante función amerita.

“Tenemos un presupuesto de cuarenta y siete millones de pesos para toda la institución. Eso apenas da para pagar la nómina”, dice el titular de Minería, Octavio López, al explicar una de las razones por las que las entidades públicas no han obtenido resultados favorables en la promoción de las exploraciones.

Asegura que las carencias de presupuesto de la institución limitan hasta la capacidad de transporte del personal técnico (Víctor Santos Suriel dice que Minería cuenta con un solo geólogo especializado en hidrocarburos, al que a veces ni siquiera le paga la dieta correspondiente a los viajes al interior).

Estas limitaciones del marco institucional de la exploración petrolera, estima López, no podrán ser superadas en el 2012, porque el presupuesto de Minería se quedará “prácticamente igual”. Mientras tanto, la base energética de la sociedad dominicana es un barril de crudo que ayer se cotizaba por encima de los 100 dólares.

Proyecto de ley de exploración 

Pelegrín Castillo, de la Fuerza Nacional Progresista, promueve sin descanso la aprobación de una nueva Ley de Exploración y Explotación de Hidrocarburos, que permita armonizar los intereses del Estado, de empresarios locales y posibles inversionistas extranjeros. La vigente (Ley 4532) data de 1956, cuando las características de negocio petrolero eran “muy distintas”.

“Tiene que haber un buen marco legal, fiscal e institucional. Esa ley ha sido evaluada por especialistas que la consideran apropiada. Estamos haciendo un último intento,  y esperamos que en el Senado tenga mejor suerte”, dice el legislador que ha visto pasar su proyecto por la Cámara de Diputados en cinco ocasiones.

Entiende que el proyecto permitiría que el grupo Vicini y los otros empresarios con áreas de explotación bajo concesión hagan alianzas estratégicas con multinacionales y el sector público.

Publicado en elCaribe, el 1 de diciembre del 2011, por Jhonatan Liriano.