Legisladores usan dinero público para el clientelismo local

El manejo de los Fondos de Asistencia Social convierte a diputados y senadores en el principal motor del clientelismo político en sus respectivas circunscripciones.Las funciones de los legisladores se dividen entre su labor de hacer leyes y la de resolver problemas de las comunidades a las que representan, principalmente en el interior. La imagen de diputados y senadores entregando canastas, útiles escolares, equipos deportivos, comida y medicamentos a la gente más pobre es recurrente. Pero no tiene relación alguna con las funciones que deben desempeñar.

Cuando los senadores cobran y usan los RD$19 millones del “barrilito” y los diputados los RD$9 millones del “cofrecito” (Fondo de Asistencia Social), entran en conflicto con la Constitución, cuyo artículo 93 define que el Poder Legislativo “legisla y fiscaliza en representación del pueblo”.

Esa doble función “es un invento del clientelismo crónico que vive este país”, explica Luis Gómez, director del Centro de Estudios Constitucionales de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), maestro de varias generaciones de especialistas del Derecho.

“Se busca la manera de que cada legislador pueda comportarse como un autócrata, a la usanza del trujillismo y del balaguerismo. El autócrata pretende tener un poder ilimitado frente a sus seguidores, que han perdido la noción de soberanía”, agrega el profesor.

El clientelismo alimentado por diputados y senadores, según Gómez, es una de las “características abyectas que observa buena parte de las instituciones de nuestra democracia representativa”. Al comprar públicamente los votos de la población con dádivas o con dinero en efectivo, el legislador deja de ser un representante o mandatario, para asumir la posición de mandante o dictador de las órdenes, agrega el profesor universitario.

Otro efecto perverso de esos fondos es el de dificultar la elección de nuevos legisladores, ya que los candidatos no disponen de los mismos recursos que los actuales ocupantes del escaño para “regalar” a sus posibles votantes. Los fondos de asistencia del Congreso también generan dualidad de funciones en el Estado. La Presidencia de la República tiene un Gabinete de Coordinación de Políticas Sociales. Este organismo, responsabilidad del vicepresidente Rafael Alburquerque, tiene una estructura de nueve ministerios y 22 instituciones especializadas. Para este año, su presupuesto alcanza los RD$13,947.2 millones, equivalente al 37.8% de los RD$36,820.3 millones correspondientes al Ministerio de la Presidencia. En definitiva, se asignan para manejo de los legisladores fondos multimillonarios al asistencialismo, cuando nueve ministerios utilizan casi RD$14,000 millones con el mismo fin.

El presidente del Senado, Reinaldo Pared Pérez, dijo recientemente que aunque se llame clientelismo, el uso del Fondo de Asistencia Social podría enmarcarse entre los gastos propios de la representación del pueblo, que sí es una función legislativa contemplada en la Carta Magna. 

Enraizado

Pared Pérez recordó que, antes de su gestión, el “barrilito” se manejaba con poca transparencia. Ahora, cada senador sólo tiene que justificar por escrito los gastos del mes anterior para que la Presidencia de la Cámara permita el desembolso de más recursos en su cuenta bancaria.

“Lamentablemente, y lo digo con toda sinceridad, el clientelismo se ha enraizado en la sociedad dominicana. Para erradicarlo tendrán que pasar varias generaciones, porque donde quiera que uno se mueve no dejan a uno tranquilo. Lamentablemente, el que no da se fuñó”, declaró Reinaldo Pared Pérez sin reparos y con una sonrisa.

Los informes del Movimiento Cívico  Participación Ciudadana explican  que senadores y diputados, a pesar de ser los servidores públicos con mejores salarios y sistema de incentivos (un total de RD$5 millones por año), no utilizan dinero de sus ingresos para alimentar a sus propias clientelas políticas. Usan los RD$50,000 del fondo de asistencia social para regalar tanques de agua, medicinas, equipos deportivos y otros recursos a las personas vinculadas con sus partidos. Otro tanto ocurre con los senadores en sus circunscripciones.

Publicado por Jhonatan Liriano, el 1 de noviembre del 2011, en el periódico El Caribe, Santo Domingo, República Dominicana. 

Congreso legisló para el Ejecutivo

Con 31 de los 32 senadores, y 96 de los 183 diputados, este año el Partido de la Liberación Dominicana (PLD) no disimuló ni un ápice la contundencia de su poder en el Congreso de la República.

 Pese a que el período legislativo tenía como prioridad la adaptación de un conjunto de leyes orgánicas a los mandatos de la Constitución proclamada el 26 de enero del 2010, se destacó por la aprobación acelerada y con poco cuestionamiento de numerosos proyectos de financiamiento del Poder Ejecutivo; por ignorar el reclamo de asignación del 4% del producto interno bruto (PIB) al sector educación; y por endurecer las penas que sancionan la delincuencia común, el crimen organizado y la violencia intrafamiliar.

 Ya para el primer semestre, con el apoyo de algunos diputados del PRD y del PRSC, el Congreso había aprobado 54,118 millones de pesos en préstamos dirigidos al financiamiento de programas de innovación tecnológica del sector agropecuario, construcción de peajes, saneamiento de acueductos, y otras obras de infraestructura. El monto representaba el 55.6% del tope de financiamiento establecido en la Ley de Presupuesto General del Estado 2011 (RD$97,259.0 millones).

 Y dos meses después se sumaría a la prima de los US$500 millones en bonos soberanos que el Gobierno mandó a colocar en los mercados internacionales, en el marco de un presupuesto suplementario de RD$4,700 millones.

 En octubre, el PRD había advertido los peligros de la carrera de endeudamiento apoyada por la fuerza legislativa morada. Pero no fue hasta principios de noviembre que decidió calificarla como un atropello ilegal.

 El vocero de los diputados perredeístas, Ruddy González, explicó que la Cámara de Diputados violó el tope de deuda del Presupuesto 2011 con la aprobación de un préstamo de US$230 millones, cedidos por la Agencia Francesa de Desarrollo para la reestructuración del sistema institucional del transporte y la terminación de la segunda línea del Metro de Santo Domingo, al que le tocaría una asignación de RD$8 mil millones.

 “Hay que detener esta carrera alocada de préstamos que está hipotecando las finanzas públicas de los próximos años. Debemos mirarnos en el espejo de Grecia y otras naciones para que no nos suceda lo mismo”.




Presupuesto 

Como resultado del activismo permanente de las organizaciones que conforman la Coalición por una Educación Digna, el Presupuesto del 2012 formó parte del debate público desde principios de año.

 El reclamo de una asignación presupuestaria equivalente al 4% del PIB para el sector educativo se expresó en forma de vigilias, conciertos, marchas multitudinarias, cartas, intervenciones en los medios de comunicación y redes sociales. Pero los legisladores oficialistas, conscientes de las numerosas actividades reivindicativas desarrolladas por los activistas de bandera amarilla, no acogieron la petición.

En dos lecturas consecutivas, sin dar espacio a ningún tipo de debate, 23 de 25 senadores presentes, aprobaron la Ley de Presupuesto del próximo año, sin acoger el 4% de los “amarillos”, ni el 5% que demandaba la UASD. Entre noviembre y lo que va de diciembre, las cámaras se han concentrado en fortalecer los mecanismos legales que previenen y sancionan la delincuencia y los actos de violencia intrafamiliar.

 Adaptación de leyes orgánicas Para continuar con el proceso de adecuación del marco legal de la República a la Constitución proclamada el 26 de enero del 2010, el Congreso continuó la sanción de las leyes orgánicas del Tribunal Constitucional, del Poder Judicial, del Consejo Superior del Ministerio Público, del Consejo Nacional de la Magistraturay del Tribunal Superior Electoral, entre otros.

 Las leyes del Tribunal Constitucional y del Consejo de la Magistratura crearon intensos debates de opinión pública. La primera, por fijar en 75 años la edad límite para ser miembro de la alta corte, fue calificada de inconstitucional por un grupo de juristas. Para la aprobación de la Ley del CNM, el mismo presidente Leonel Fernández tuvo que firmar un pacto con el presidente del PRD, Miguel Vargas Maldonado, pues el partido morado no cuenta con la cantidad de diputados (dos terceras partes) necesaria para aprobar una ley de tipo orgánico.


 Solicitan promulgación de la END

 Un solo proyecto de ley, atendido por una comisión bicameral, ha estado bajo seguimiento de la opinión pública nacional y representantes de organismos financieros internacionales desde que llegó al Congreso de la República, el pasado 4 de marzo.

 La ley de Estrategia Nacional de Desarrollo (END) fue puesta como condición de futuros desembolsos financieros del Banco Mundial. El titular del organismo, Roby Senderowitsch, advirtió a los legisladores que, si el conocimiento del proyecto se mantiene estancado, el país podría dejar de recibir cerca de US$650 millones de cooperación financiera.

El plan proyectado hacia el 2030 ya fue sometido a vistas públicas. El Senado lo conoció ayer en la tarde. El senador Félix Bautista, representante de San Juan por el PLD, preside la comisión que estudia la pieza.

Publicado por Jhonatan Liriano, en El Caribe, el 07 de diciembre del 2012.

Petróleo dominicano

Petróleo de RD sigue en tierra

Las emanaciones de crudo aumentan en diferentes puntos del país, pero la falta de capital limita la exploración

Pozo de Higüerito. 

Entre los cambronales y bayahondas de Higüerito, Azua, las emanaciones de petróleo parecen heridas de la tierra. Mientras la sociedad dominicana importa cerca de 50 millones de barriles al año, el líquido fósil hierve e impregna los montes sureños con su intenso olor. El fenómeno se repite a menos de diez kilómetros de distancia, en la zona rural de Maleno, y, de manera más silente, en las aguas de la Bahía de Ocoa, en las tierras de San Juan, en Barahona, en la cuenca del Cibao y bajo las corrientes del río Sanate, en Higüey. 

Emanación natural en las tierras de Azua.

“En los últimos cien años aquí se han perforado más de setenta pozos exploratorios. Algunos han producido petróleo y otros han mostrado indicios de la presencia de hidrocarburos”, resalta Víctor Santos Suriel, geólogo presidente de la empresa exploradora Geo-Research.

El especialista recuerda que en abril del 2009 un barco de la Armada Española, dirigido por científicos del Ministerio de Investigación e Innovación de España, encontró emanaciones de gas natural en aguas cercanas a San Pedro de Macorís, lo que indicaba que en ese punto marítimo también podría existir una gran concentración de “oro negro”.

Ante estas y otras evidencias, surge una pregunta inevitable: ¿por qué República Dominicana no comienza la explotación de su petróleo?

Santos Suriel, el director general de Minería, Octavio López, y el diputado Pelegrín Castillo, tienen algunas respuestas. El primero dice que las más importantes zonas de manaderos están cedidas bajo concesión a las empresas locales Murfin, Maleno y Once Once, las cuales no han hecho ningún tipo de exploración importante en los últimos siete años. Con rejuegos legales, asegura, mantienen los permisos pero no hacen nuevas inversiones.

Otras áreas de “alto potencial”, como terrenos rurales de las provincias del Este, no pueden ser exploradas porque no cuentan con los estudios geológicos básicos que sirven de atractivo a las multinacionales del sector. Santos Suriel cita a las multinacionales porque el trabajo de búsqueda y explotación petrolera conlleva altos costos operativos, altos riesgos de inversión, y un largo período de estudios y espera, tres variables que el capital local difícilmente puede sostener.

El levantamiento inicial de las emanaciones del río Sanate, por ejemplo, podría tener un valor de cuatro millones de dólares, mientras que la perforación adecuada se acercaría a los US$20 millones, teniendo en cuenta que el crudo se encuentra en uno de cada once pozos perforados, y que el hallazgo no garantiza la cantidad necesaria para la explotación comercial.

Las plataformas marinas correspondientes al territorio nacional no entrarían en los planes de exploración, pues el decreto 571-09 las declara como áreas protegidas.

Estructura estatal

El primer párrafo del artículo 17 de la Constitución “declara de alto interés público la exploración y explotación de hidrocarburos en el territorio nacional y en las áreas marítimas bajo jurisdicción nacional”. Por mandato de la Ley General de Electricidad, la Comisión Nacional de Energía tiene la responsabilidad de dar seguimiento a este interés. Para ello se coordina con la Dirección de Minería. Pero los organismos no cuentan con los recursos económicos y humanos que tan importante función amerita.

“Tenemos un presupuesto de cuarenta y siete millones de pesos para toda la institución. Eso apenas da para pagar la nómina”, dice el titular de Minería, Octavio López, al explicar una de las razones por las que las entidades públicas no han obtenido resultados favorables en la promoción de las exploraciones.

Asegura que las carencias de presupuesto de la institución limitan hasta la capacidad de transporte del personal técnico (Víctor Santos Suriel dice que Minería cuenta con un solo geólogo especializado en hidrocarburos, al que a veces ni siquiera le paga la dieta correspondiente a los viajes al interior).

Estas limitaciones del marco institucional de la exploración petrolera, estima López, no podrán ser superadas en el 2012, porque el presupuesto de Minería se quedará “prácticamente igual”. Mientras tanto, la base energética de la sociedad dominicana es un barril de crudo que ayer se cotizaba por encima de los 100 dólares.

Proyecto de ley de exploración 

Pelegrín Castillo, de la Fuerza Nacional Progresista, promueve sin descanso la aprobación de una nueva Ley de Exploración y Explotación de Hidrocarburos, que permita armonizar los intereses del Estado, de empresarios locales y posibles inversionistas extranjeros. La vigente (Ley 4532) data de 1956, cuando las características de negocio petrolero eran “muy distintas”.

“Tiene que haber un buen marco legal, fiscal e institucional. Esa ley ha sido evaluada por especialistas que la consideran apropiada. Estamos haciendo un último intento,  y esperamos que en el Senado tenga mejor suerte”, dice el legislador que ha visto pasar su proyecto por la Cámara de Diputados en cinco ocasiones.

Entiende que el proyecto permitiría que el grupo Vicini y los otros empresarios con áreas de explotación bajo concesión hagan alianzas estratégicas con multinacionales y el sector público.

Publicado en elCaribe, el 1 de diciembre del 2011, por Jhonatan Liriano. 

Riqueza minera de RD aún no se agota

UASD advierte que explotación en zonas vulnerables amenaza ecosistemas y sostenibilidad social

Jhonatan Liriano

La riqueza mineral de esta media isla no cupo en los cofres de los conquistadores españoles, ni en los miles de contenedores repletos de metales y piedras preciosas que han llegado a Europa, Estados Unidos y otras playas del mundo procedentes de República Dominicana.Después de quinientos diecinueve años de saqueo y explotación regular e irregular, la parte oriental de la isla de Santo Domingo hoy cuenta con reservas de oro, plata, cobre y níquel valoradas en más de US$57 mil millones, suficientes para que el Estado salga a pagar tres veces la deuda externa nacional, y regrese con unos miles de millones de dólares en los bolsillos.

A estos recursos metálicos habría que sumar las reservas de sal, yeso, mármoles, piedra caliza, arenas silíceas (utilizadas en la fabricación de vidrio), feldespatos, caolín, arcillas industriales y otros productos no metálicos, cuyo valor sobrepasa los US$5 mil millones, según las estimaciones de la Dirección General de Minería. La riqueza potencial del pueblo dominicano no termina aquí. El titular del organismo, Octavio López, señala como producto minero existente y no cuantificado el petróleo que brota como sudor de las tierras de Azua, Enriquillo e Higüey, además del gas natural ubicado en Montecristi y en la cuenca marítima de San Pedro de Macorís. La explotación de uno de estos dos elementos bastaría para revolucionar la historia económica del país.

“Ahora mismo el buque insignia de la economía dominicana es el proyecto Pueblo Viejo, de la Barrick Gold. Tiene una vida estimada de veinticinco años, con 22.4 millones de onzas de oro, 88 millones de onzas de plata, 400 millones de libras de cobre, y 2,600 millones de libras de zinc”, asegura López, partiendo de cálculos hechos por la multinacional, no por entidades estatales. La Barrick pretende iniciar la extracción a finales de este año, con una inversión de US$3 mil millones.

Otras dos grandes concesiones de explotación son las del complejo de ferroníquel Falconbridge Dominicana y el Consorcio Minero Dominicano, ambos ubicados en Monseñor Nouel.

Después estar dos años fuera de operación, como consecuencia de la depresión de los precios del níquel en los mercados internacionales, Falconbridge reactivó sus operaciones en marzo, aunque a mitad de capacidad. Se calcula que la mina tiene una reserva de 47.85 millones de toneladas de níquel, y en su nueva etapa extraerá 14 mil toneladas por año.

La Dirección de Minería explica que el Consorcio Minero, empresa subsidiaria de Perilya Limited, tiene en las tierras de Maimón capacidad instalada para sacar 16 mil toneladas de roca por días, de las que consigue 2,000 toneladas de mineral aprovechable. Los administradores dicen que desde que fue construida, en el 2008, su potencial de producción anual es de 23 millones de libras de cobre, 15 mil onzas de oro, y 250 mil onzas de plata.

Tiene la peculiaridad de ser el único proyecto nacional de producción de cobre, el conductor de electricidad más utilizado en el planeta.

El Banco Central de la República Dominicana se basa en estos y otros datos para estimar que, en los próximos años, el crecimiento del producto interno bruto (PIB) tendrá en la minería un sólido punto de despegue. La Cámara Minera apuesta a que, antes de que termine diciembre, las operaciones de la Barrick Gold y de la Falconbridge provoquen que el sector minero ocupe más del 20 por ciento de las exportaciones dominicanas. El ministro de Industria y Comercio, Manuel García Arévalo, comparte este augurio, y asegura que si los precios de los metales preciosos se disparan nuevamente, contratos como el de la Barrick Gold podrían ser modificados, en beneficio de las arcas públicas.

Entrevistado por diferentes medios de comunicación, García Arévalo menciona las condiciones del contrato con la multinacional canadiense porque el tema es, precisamente, una de las espinas de la industria minera y su marco legal de regulación.

Ganancias del pueblo

La explotación minera es sinónimo de multimillonaria inversión de capitales, y se lleva a cabo en el marco de un mercado internacional donde los precios suben y bajan estrepitosamente, sin ningún tipo de aviso previo. Por esta y otras razones, los países poco desarrollados económica e institucionalmente, como República Dominicana, ceden la extracción de sus recursos a empresas multinacionales, que se adaptan a los sistemas jurídicos locales o exigen contratos escritos a su imagen y semejanza. El “buque insignia” de la minería nacional, la Barrick Gold, es uno de los ejemplos de regulación especial.

Mientras la Ley Minera de la República Dominicana (146) establece que todos los concesionarios deben pagar impuesto sobre la renta (25%), impuesto municipal (5%) y regalía de exportación (5%), la firma canadiense consiguió que el Congreso Nacional le aprobara un contrato que le permite postergar la tributación de la renta hasta que consiga, en seis años de extracción, el retorno de los recursos invertidos (US$3 mil millones).

El privilegio ha levantado fuertes críticas entre políticos, empresarios, activistas sociales y ciudadanos de a pie, molestos porque entienden que las exoneraciones a las multinacionales son actos de entreguismo estatal.

“En la Ley Minera hay que mejorar el impuesto de la patente minera, porque lo que pagan las empresas es muy poco. Hoy muchas empresas se dan el lujo de tener áreas bajo concesión pagando un impuesto muy bajo (hasta RD$0.10 por hectárea en la etapa de exploración)”, dice el director de Minería, consciente de que la regulación sectorial necesita ser actualizada, a fin de que responda con mayor eficiencia a los intereses de la población y a las políticas de atracción de capitales.

Impacto negativo en el ambiente

En la minería dominicana no todo es color de oro, porque la explotación no se hace en un laboratorio cerrado, sino en el espacio vital de los dominicanos y los demás seres que pueblan la media isla.

Luis Carvajal, presidente de la Comisión de Medio Ambiente de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), maneja de memoria una larga lista de concesiones mineras que atentan contra ríos, bosques y otros sistemas ecológicos de alta vulnerabilidad.

Cita el caso de la concesión de UniGold en la reserva Nalga de Maco, donde nacen los ríos Soca y Neita, que generan al fronterizo Artibonito; la reactivación de los trabajos de la Falconbridge; las posibles extracciones programadas en la Loma de las Siete Cabezas, lugar de origen del río Ozama; y las concesiones próximas a Río San Juan y a la presa de Sabana Yegua. 

Las cárceles de menores apenas funcionan

Marisol Tobar, procuradora de Niños, Niñas y Adolescentes.

La Procuraduría de Niñas, Niños y Adolescentes no tiene capacidad para acoger a los menores privados de libertad que se acumularían en los centros de rehabilitación si el Congreso aumenta las penas del Código del Menor.

Luego de calificar de festinado el proceso de modificación del Código que lleva a cabo la Cámara de Diputados, la procuradora adjunta Marisol Tobar explicó que los cinco centros especiales que administra el Ministerio Público y los tres dirigidos por el Ministerio de Salud trabajan al límite de su capacidad.

Y agregó que los programas de regeneración y reinserción social de los condenados funcionan bajo serias limitaciones.

En la actualidad, el equipo de psicólogos y trabajadores sociales de la Procuraduría, dijo, no da abasto a las necesidades de atención de los 597 adolescentes sometidos a  procesos de reorientación de conducta.
“No se nos ha dado la oportunidad de participar de las discusiones. No entiendo esta medida tan festinada y descabellada que han tomado los legisladores”, declaró Tobar, responsable de coordinar los trabajos de todas las fiscalías de Niñas, Niñas y Adolescentes de República Dominicana.

Antes de que la Comisión de Justicia de la Cámara Baja presentara el informe favorable al Hemiciclo, la magistrada había expresado parte de sus inquietudes a través de los medios de comunicación. Pero en ningún momento fue invitada a conversar con los legisladores, pese a que es la funcionaria responsable de aplicar las políticas estatales de atención a menores.

El martes los diputados aprobaron en primera lectura las modificaciones de la Ley 136-3 que fijan una pena máxima de 15 años de cárcel para los adolescentes sentenciados por homicidio, narcotráfico, violación sexual, lesiones físicas permanentes y otras faltas graves.

En el artículo 340 se especifica que los menores  con edades comprendidas entre 13 y 15 años podrían ser privados de libertad durante un periodo que va de 1 a 10 años, mientras que los imputados  con edad que oscile entre 16 y poco menos de18 años estarían supuestos a recibir sanciones de hasta 15 años de cárcel.
La segunda lectura del Código está pautada para el martes 15 de noviembre, a las 10:00 de la mañana.

Programas de atención
En los Centros Especializados de Atención Integral  los adolescentes privados de libertad agotan un programa de reorientación compuesto por las siguientes fases:  Ingreso y Acogida en el centro,  Distribución de la población, Adaptación y observación (intervención de los diferentes departamentos),  Permanencia y tratamiento especializado (programa de intervención pedagógica, formación académica, técnica vocacional, programas de intervención especializada, deportes, salud, trabajo con familias y tutores, actividades religiosas y culturales, contacto con la comunidad), y Egreso del centro y reinserción sociofamiliar.

Publicado en ElCaribe.com.do, el viernes 11 de noviembre del 2011. 

Del conuco a la pesca, por crecida de Enriquillo

Independencia. Sandy Nova era agricultor y ganadero, hasta que el lago Enriquillo se tragó sus conucos. La expansión lenta, pero constante, del agua salada sepultó sus plantaciones de plátano y el espacio donde criaba vacas.
Para no morirse de hambre junto a sus tres hijos, el hombre de 31 años se hizo pescador y carbonero. Con las manos acostumbradas al arado construyó una pequeña yola que le sirve para moverse sobre las viejas y nuevas profundidades del Enriquillo. Allí echa y levanta redes con la destreza adquirida por empuje de la necesidad.

“Cuando pesco algo me paseo por el pueblo. Allá aparecen compradores la mayoría de veces”, cuenta Nova, y las escamas que ensucian su ropa sirven como testimonio de la dura faena.

Al igual que él, decenas de agricultores de Independencia ahora se dedican a la pesca. El avance del lago los obliga a vender las mismas tilapias que antes preparaban de almuerzo, en fogones improvisados dentro de los conucos que ya no existen. Se estima que desde que el Enriquillo comenzó a crecer, en el 2008, los terrenos de tradición agropecuaria anegados suman más de 300 mil tareas.

Los campesinos de la zona saben que el Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos, el Senado, y la Agencia Espacial de los Estados Unidos (Nasa) han tratado de describir las causas de fenómeno. Pero todavía no conocen una acción concreta dirigida a responder a sus millonarias pérdidas materiales.

El pasado  septiembre el Ministerio de Agricultura anunció que avanzaba en el desmonte de más de 24 mil tareas en Espartillar y Bartolomé, para establecer un asentamiento agrícola y ganadero destinado a reubicar a unas 500 familias  afectadas por las inundaciones  del lago.  

Sandy Nova dice que no está en condición de sentarse a esperar la ayuda de nadie, porque sus hijos necesitan comer todos los días del año. En el afán de generar ingresos, también se dedica a tumbar los árboles secos que aún se mantienen parados dentro del lago. Se acerca en la yola, los amarra, los corta, y los lleva a la orilla, ubicada justo encima del tramo carretero Boca de Cachón-Jimaní. Con los árboles muertos prepara los hornos de carbón, sin importarle en lo más mínimo la reacción de los inspectores del Ministerio de Medio Ambiente.

Si las autoridades lo detienen diez veces, asegura, diez veces volverá a buscar la manera de hacer dinero con los palos arrancados al lago. “Ya no tengo tierra para trabajar, ni esperanza de tener. No sé hacer otra cosa”, dice el nuevo pescador de Boca de Cachón, parado sobre uno de los puntos donde la carretera y el lago Enriquillo se confunden.


La fuerza del agua
El crecimiento del lago Enriquillo es lento, pero constante. Sus aguas ya cubren casi un kilómetro de la carretera Boca de Cachón-Jimaní, donde los campesinos se topan con caimanes que salen a dormir y a solearse.

El flujo de vehículos de carga y de pasajeros tuvo que ser desviado a la altura de Jimaní, a través de una calle improvisada por las autoridades.

Ni montados en caballos los productores se atreven a moverse sobre la vieja vía. Estudios de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) indican que la aplicación de políticas de reducción del impacto socioeconómico de la crecida costaría cerca de RD$3,000 millones. El ingeniero Luis Cuevas, del Indrhi,  asegura que las aguas del lago volverán a su nivel dentro de siete u ocho años.


Publicado en El Caribe, el 25 de octubre del 2011, bajo el título Campesinos del Sur recurren a la Pesca. 
Autor Jhonatan Liriano