miércoles, 30 de noviembre de 2011

Riqueza minera de RD aún no se agota



UASD advierte que explotación en zonas vulnerables amenaza ecosistemas y sostenibilidad social

Jhonatan Liriano
La riqueza mineral de esta media isla no cupo en los cofres de los conquistadores españoles, ni en los miles de contenedores repletos de metales y piedras preciosas que han llegado a Europa, Estados Unidos y otras playas del mundo procedentes de República Dominicana.Después de quinientos diecinueve años de saqueo y explotación regular e irregular, la parte oriental de la isla de Santo Domingo hoy cuenta con reservas de oro, plata, cobre y níquel valoradas en más de US$57 mil millones, suficientes para que el Estado salga a pagar tres veces la deuda externa nacional, y regrese con unos miles de millones de dólares en los bolsillos.

A estos recursos metálicos habría que sumar las reservas de sal, yeso, mármoles, piedra caliza, arenas silíceas (utilizadas en la fabricación de vidrio), feldespatos, caolín, arcillas industriales y otros productos no metálicos, cuyo valor sobrepasa los US$5 mil millones, según las estimaciones de la Dirección General de Minería. La riqueza potencial del pueblo dominicano no termina aquí. El titular del organismo, Octavio López, señala como producto minero existente y no cuantificado el petróleo que brota como sudor de las tierras de Azua, Enriquillo e Higüey, además del gas natural ubicado en Montecristi y en la cuenca marítima de San Pedro de Macorís. La explotación de uno de estos dos elementos bastaría para revolucionar la historia económica del país.

“Ahora mismo el buque insignia de la economía dominicana es el proyecto Pueblo Viejo, de la Barrick Gold. Tiene una vida estimada de veinticinco años, con 22.4 millones de onzas de oro, 88 millones de onzas de plata, 400 millones de libras de cobre, y 2,600 millones de libras de zinc”, asegura López, partiendo de cálculos hechos por la multinacional, no por entidades estatales. La Barrick pretende iniciar la extracción a finales de este año, con una inversión de US$3 mil millones.

Otras dos grandes concesiones de explotación son las del complejo de ferroníquel Falconbridge Dominicana y el Consorcio Minero Dominicano, ambos ubicados en Monseñor Nouel.

Después estar dos años fuera de operación, como consecuencia de la depresión de los precios del níquel en los mercados internacionales, Falconbridge reactivó sus operaciones en marzo, aunque a mitad de capacidad. Se calcula que la mina tiene una reserva de 47.85 millones de toneladas de níquel, y en su nueva etapa extraerá 14 mil toneladas por año.

La Dirección de Minería explica que el Consorcio Minero, empresa subsidiaria de Perilya Limited, tiene en las tierras de Maimón capacidad instalada para sacar 16 mil toneladas de roca por días, de las que consigue 2,000 toneladas de mineral aprovechable. Los administradores dicen que desde que fue construida, en el 2008, su potencial de producción anual es de 23 millones de libras de cobre, 15 mil onzas de oro, y 250 mil onzas de plata.

Tiene la peculiaridad de ser el único proyecto nacional de producción de cobre, el conductor de electricidad más utilizado en el planeta.

El Banco Central de la República Dominicana se basa en estos y otros datos para estimar que, en los próximos años, el crecimiento del producto interno bruto (PIB) tendrá en la minería un sólido punto de despegue. La Cámara Minera apuesta a que, antes de que termine diciembre, las operaciones de la Barrick Gold y de la Falconbridge provoquen que el sector minero ocupe más del 20 por ciento de las exportaciones dominicanas. El ministro de Industria y Comercio, Manuel García Arévalo, comparte este augurio, y asegura que si los precios de los metales preciosos se disparan nuevamente, contratos como el de la Barrick Gold podrían ser modificados, en beneficio de las arcas públicas.

Entrevistado por diferentes medios de comunicación, García Arévalo menciona las condiciones del contrato con la multinacional canadiense porque el tema es, precisamente, una de las espinas de la industria minera y su marco legal de regulación.

Ganancias del pueblo

La explotación minera es sinónimo de multimillonaria inversión de capitales, y se lleva a cabo en el marco de un mercado internacional donde los precios suben y bajan estrepitosamente, sin ningún tipo de aviso previo. Por esta y otras razones, los países poco desarrollados económica e institucionalmente, como República Dominicana, ceden la extracción de sus recursos a empresas multinacionales, que se adaptan a los sistemas jurídicos locales o exigen contratos escritos a su imagen y semejanza. El “buque insignia” de la minería nacional, la Barrick Gold, es uno de los ejemplos de regulación especial.

Mientras la Ley Minera de la República Dominicana (146) establece que todos los concesionarios deben pagar impuesto sobre la renta (25%), impuesto municipal (5%) y regalía de exportación (5%), la firma canadiense consiguió que el Congreso Nacional le aprobara un contrato que le permite postergar la tributación de la renta hasta que consiga, en seis años de extracción, el retorno de los recursos invertidos (US$3 mil millones).

El privilegio ha levantado fuertes críticas entre políticos, empresarios, activistas sociales y ciudadanos de a pie, molestos porque entienden que las exoneraciones a las multinacionales son actos de entreguismo estatal.

“En la Ley Minera hay que mejorar el impuesto de la patente minera, porque lo que pagan las empresas es muy poco. Hoy muchas empresas se dan el lujo de tener áreas bajo concesión pagando un impuesto muy bajo (hasta RD$0.10 por hectárea en la etapa de exploración)”, dice el director de Minería, consciente de que la regulación sectorial necesita ser actualizada, a fin de que responda con mayor eficiencia a los intereses de la población y a las políticas de atracción de capitales.


Impacto negativo en el ambiente
En la minería dominicana no todo es color de oro, porque la explotación no se hace en un laboratorio cerrado, sino en el espacio vital de los dominicanos y los demás seres que pueblan la media isla.

Luis Carvajal, presidente de la Comisión de Medio Ambiente de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), maneja de memoria una larga lista de concesiones mineras que atentan contra ríos, bosques y otros sistemas ecológicos de alta vulnerabilidad.

Cita el caso de la concesión de UniGold en la reserva Nalga de Maco, donde nacen los ríos Soca y Neita, que generan al fronterizo Artibonito; la reactivación de los trabajos de la Falconbridge; las posibles extracciones programadas en la Loma de las Siete Cabezas, lugar de origen del río Ozama; y las concesiones próximas a Río San Juan y a la presa de Sabana Yegua. 

domingo, 13 de noviembre de 2011

Las cárceles de menores apenas funcionan

Marisol Tobar, procuradora de Niños, Niñas y Adolescentes.
La Procuraduría de Niñas, Niños y Adolescentes no tiene capacidad para acoger a los menores privados de libertad que se acumularían en los centros de rehabilitación si el Congreso aumenta las penas del Código del Menor.

Luego de calificar de festinado el proceso de modificación del Código que lleva a cabo la Cámara de Diputados, la procuradora adjunta Marisol Tobar explicó que los cinco centros especiales que administra el Ministerio Público y los tres dirigidos por el Ministerio de Salud trabajan al límite de su capacidad.

Y agregó que los programas de regeneración y reinserción social de los condenados funcionan bajo serias limitaciones.

En la actualidad, el equipo de psicólogos y trabajadores sociales de la Procuraduría, dijo, no da abasto a las necesidades de atención de los 597 adolescentes sometidos a  procesos de reorientación de conducta.
“No se nos ha dado la oportunidad de participar de las discusiones. No entiendo esta medida tan festinada y descabellada que han tomado los legisladores”, declaró Tobar, responsable de coordinar los trabajos de todas las fiscalías de Niñas, Niñas y Adolescentes de República Dominicana.

Antes de que la Comisión de Justicia de la Cámara Baja presentara el informe favorable al Hemiciclo, la magistrada había expresado parte de sus inquietudes a través de los medios de comunicación. Pero en ningún momento fue invitada a conversar con los legisladores, pese a que es la funcionaria responsable de aplicar las políticas estatales de atención a menores.

El martes los diputados aprobaron en primera lectura las modificaciones de la Ley 136-3 que fijan una pena máxima de 15 años de cárcel para los adolescentes sentenciados por homicidio, narcotráfico, violación sexual, lesiones físicas permanentes y otras faltas graves.

En el artículo 340 se especifica que los menores  con edades comprendidas entre 13 y 15 años podrían ser privados de libertad durante un periodo que va de 1 a 10 años, mientras que los imputados  con edad que oscile entre 16 y poco menos de18 años estarían supuestos a recibir sanciones de hasta 15 años de cárcel.
La segunda lectura del Código está pautada para el martes 15 de noviembre, a las 10:00 de la mañana.

Programas de atención
En los Centros Especializados de Atención Integral  los adolescentes privados de libertad agotan un programa de reorientación compuesto por las siguientes fases:  Ingreso y Acogida en el centro,  Distribución de la población, Adaptación y observación (intervención de los diferentes departamentos),  Permanencia y tratamiento especializado (programa de intervención pedagógica, formación académica, técnica vocacional, programas de intervención especializada, deportes, salud, trabajo con familias y tutores, actividades religiosas y culturales, contacto con la comunidad), y Egreso del centro y reinserción sociofamiliar.

Publicado en ElCaribe.com.do, el viernes 11 de noviembre del 2011.